El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por las Islas Baleares y las Asociaciones de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba), en los que exigían que este tipo de centros contasen con personal para que pudiesen operar. De este modo, la justicia da la razón a las estaciones de servicio automáticas en esta cruzada.
Las gasolineras desatendidas o denominadas también como automáticas, han generado un debate abierto dentro del sector, hasta el punto de llegarse a preguntar sobre si es modelo de atención legalmente viable. No solo desde el punto de vista legal, sino también desde la propia seguridad de la estación de servicio y de su relación con el consumidor.
El principal problema que se plantea con este tipo de estaciones de servicio, va más allá del plano económico. Sí, al no contar con personal que las atienda se pueden permitir reducir el precio del propio combustible, pero: ¿a qué precio? Pues, presumiblemente, del de la seguridad del propio usuario y de la estación de servicio.
La seguridad de las gasolineras automáticas, en duda
Como comentábamos anteriormente, las Asociaciones de Estaciones de Servicio de Baleares y la propia comunidad autónoma, recurrieron la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en la que se anulaba el artículo que obligaba a todas las estaciones a contar con personal.
A pesar de que ambas instituciones argumentaron que se desatendía al consumidor, con el prejuicio que ello provoca, y que se ponía en riesgo la seguridad de la estación de servicio y del público, su recurso finalmente ha sido desestimado.
¿El principal motivo? Podría ser que las estaciones de servicio automáticas ofrecen un modelo de negocio que aporta competencia al sector y también un mayor beneficio para los consumidores. Esto se debe a que a través de ellas el usuario puede repostar a un precio menor.
Por su parte, las asociaciones de estaciones automáticas, en concreto la patronal, han celebrado el fallo del Tribunal Supremo. Han insistido en que es un modelo de gestión totalmente válido que mejora la competitividad del sector y, del que el consumidor se ve claramente favorecido.
Según la patronal, el consumidor es el principal beneficiado ya que, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se pueden llegar a ahorrar en torno a 300 euros al año en función de la elección del punto para repostar.
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